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Un balance sobre la conflictividad social en el Perú

Esta vez ponemos al alcance de nuestros visitantes este documento elaborado por el Instituto de Defensa Legal, titulado "La criminalización de las protestas sociales durante el primer año de gobierno de Ollanta Humala. De la Gran transformación a la mano dura", que salió a luz en julio del 2012. El informe, desde una perspectiva crítica busca contrastar lo dicho con lo hecho. Compara, a través de un análisis general de la dinámica conflictiva durante el primer año de gestión del Presidente Humala y también a través de la observación de casos de conflictos emblemáticos. De hecho, la conclusión es expresada por el sub título del informe. Para los autores, las promesas electorales se han ido diluyendo en el día a día del abordaje de los conflictos sociales; anteponiendo las soluciones que han priorizado, en el peor de los casos, la fuerza y, en el mejor, un "dejar pasar". Para el informe, el Poder Ejecutivo, no ha hecho suyo el manejo preventivo y de la negociación  política para el abordaje de los conflictos; más bien, ha habido una inclinación marcada hacia la declaratoria del estado de emergencia, la militarización de las zonas de conflicto y la priorización de acciones de prevalencia del orden interno. Entre los casos que analiza el Informe está el de Espinar y el de Cajamarca. Nos parece relevante poder contrastar las constataciones de este documento y en qué medida las cosas han cambiado con la presencia de la nueva institucionalidad que desde el Estado ahora aborda los conflictos, que es la Oficina Nacional del Diálogo y la Sostenibilidad; si es que ha operado cambios cualitativos y cuantitativos respecto a la conflictividad social en el país.

Ver: http://www.idl.org.pe/publicaciones/la-criminalizaci%C3%B3n-de-las-protestas-sociales-durante-el-primer-a%C3%B1o-del-gobierno-de