La crisis en el Valle del Tambo continúa a pesar del mensaje presidencial y el comunicado de la empresa Southern Copper Corporation, que plantea 60 días de pausa para bajar las tensiones e intentar un diálogo entre las partes. No queda claro quién deberá liderar el proceso, cómo se llevará técnicamente el mismo, quiénes serán convocados, por quién, o cuáles serán los objetivos.
El contexto sigue siendo crítico: las organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur han convocado a un paro macroregional para los días 27 y 28 de mayo, exigiendo la cancelación del proyecto Tía María. Adicionalmente, aparece como nuevo tema de agenda el rechazo a la gestión del presidente Ollanta Humala. En casi dos meses, el conflicto socioambiental ha generado una crisis política que ha develado las debilidades del gobierno, la empresa y los líderes sociales para abordarlo.
El diálogo sigue siendo invocado como el medio para abordar este conflicto que hace más de 50 días llegó a la etapa de crisis, y ha tenido picos de violencia, con un saldo de 5 muertos y más de 200 heridos. Cabe resaltar que uno de los líderes de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, fue detenido de manera preventiva por presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita para delinquir, mientras que no ha sucedido lo mismo con un funcionario vinculado a la empresa, a pesar de que existen audios que lo incriminan.
Ha habido varios intentos de diálogo entre los actores involucrados (a excepción de la empresa), pero hasta hoy, todos se han visto frustrados. ¿Qué hacer ahora? Sería oportuno analizar las razones por las cuales dichas iniciativas no dieron fruto, para no repetir los mismos errores en un futuro intento, y convocar a un equipo técnico imparcial que pueda brindar soporte. Este periodo de pausa debe ser aprovechado para dar inicio a un proceso de paz cuya implementación demandará de un gran esfuerzo, pues implica un conjunto de fases que sólo podrán llevarse a cabo con la voluntad y la participación activa de todos los actores.
En la fase preparatoria se debe buscar generar confianza en el proceso, renunciar a la imposición de proyectos, y reconocer a todas las partes, aunque no sean deseadas, dándoles legitimidad para intermediar y tomar decisiones. Una vez realizado el trabajo de preparación, se debe establecer un consenso sobre la hoja de ruta a seguir, y como primer acuerdo, se debe pactar un cese a la violencia que dé paso al diálogo. Los actores involucrados deben ser conscientes de que el proceso buscará que todos ganen, pero que ello implica ciertas concesiones. Una vez logrado el nivel de confianza necesario entre las partes, recién se podrán abordar negociar los temas de fondo.
Si se quiere avanzar en estos 60 días, no se puede seguir improvisando.