Imagine la siguiente situación. Tiene una reunión en el piso 6 de un edificio para lo cual debe tomar un ascensor. Aprieta el botón en el primer piso y espera. El ascensor está en el piso 10 y no baja, pasan más minutos, y lentamente desciende al piso siguiente y así sucesivamente. Mientras tanto, usted lleva esperando más de 10 minutos. Le surge el dilema si seguir esperando o subir al sexto piso por las escaleras. Usted opta por quedarse, total no por nada ha invertido (o perdido) 10 minutos esperando. Ya llegará se dice, no puede demorar más tiempo. Le toma 5 minutos más y ya no sabe si seguir esperando o caminar por las escaleras. Sigue el dilema. Usted decide seguir esperando porque ha esperado tanto tiempo y cree que ya debe llegar el ascensor. Esta situación se asemeja a un proceso psicológico que se presenta en muchos conflictos, se le denomina la trampa.
Después de escuchar el discurso de Dina Boluarte el pasado viernes 13 de enero afirmando que no va a renunciar y las posteriores declaraciones del Presidente del Congreso de Ministros, Alberto Otárola, me parece que ella ha caído en la trampa. La trampa es un mecanismo psicológico que sucede en los contextos conflictivos de alta intensidad, en los cuales las partes se ven en la imposibilidad de interrumpir su accionar en tanto sienten que las energías y recursos invertidos en el conflicto han sido de tal magnitud que de no continuar perderían todo lo invertido. De esta manera se traban en una relación de mutua confrontación, cada vez mayor, en la esperanza que el otro decaiga en su accionar, para lo cual requieren seguir invirtiendo más recursos y energías pensando en que el otro ya cederá o se cansará. Esto los lleva a la necesidad de evitarse disonancias cognitivas para lo cual construyen discursos intentando sustentar la legitimidad de su estrategia y mantener el mismo o similar accionar.
Lo peligroso de la trampa es que es un mecanismo que acompaña al escalamiento de los conflictos y que deja de lado los objetivos iniciales que se plantearon los actores en conflicto. La trampa genera tantos costos o daños colaterales que al final son otros los objetivos perseguidos y el conflicto se complejiza con una agenda de temas impensados e inmanejables, como la muerte de personas. Salir de la trampa implica parar, elegir otro rumbo y enfrentar las pérdidas y consecuencias del cambio de estrategia.
A partir de esta premisa inicial, comparto algunas ideas, algo desordenadas, sobre cómo la Presidenta Boluarte podría salir de la trampa lo más pronto posible, entendiendo que quizás sea la última oportunidad que tenga para mantenerse en el cargo y, que cualquiera sea el desenlace pueda ayudar, en algún grado, a reducir los costosos riesgos sociales que aún se vislumbran y preservar, del mismo modo, el sistema democrático.
Primero, cambiar cuanto antes al Sr. Otárola por estar directamente involucrado, tanto como Ministro de Defensa y como Premier, en la gestión de la crisis que ha tenido como resultado casi 50 muertos. Deberá encontrar una persona mucho más dialogante que tenga llegada con los sectores de izquierda, centro y de derecha. ¿Quién puede ser? Pues esa es parte de la tarea de la Sra. Boluarte. Adicionalmente, cambiar a su ministro del Interior por alguien que no tenga o haya tenido vínculos con la derecha y que al igual que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros pueda dialogar con todos los sectores y que, adicionalmente, le garantice que las fuerzas policiales se ceñirán a los protocolos para el uso de la fuerza y que no habrá un solo muerto más durante las protestas. La PNP ha demostrado en distintos escenarios de conflicto, incluso en la actual circunstancia como al gestionar la toma por un grupo de protestantes de la planta de bombeo de gas de Camisea en Cusco, que puede resolver situaciones de mucha tensión sin usar sus armas de fuego y sin costo social alguno. Asimismo, debería asegurarse que el Ministerio de Defensa siga esta línea y esté en máxima coordinación con el Ministerio del Interior, en las operaciones por resguardar o restablecer el orden público. No olvidar que ella misma debería hacer un seguimiento exhaustivo a las operaciones para evitar excesos y garantizar que las fuerzas del orden cuenten con el equipamiento y logística adecuado para protegerse y cumplir con su misión según los protocolos vigentes.
Segundo, en cuanto a la situación de los casi cincuenta muertos como consecuencia de las protestas, la Presidenta podría manifestar que respetarán todas las recomendaciones y conclusiones de los comisionados de la CIDH que estuvieron visitando el Perú en los últimos días, y que las investigaciones para establecer responsabilidades se realizarán inmediatamente por un grupo de especialistas extranjeros que podría ser conformado por una entidad internacional independiente de reconocido prestigio como Naciones Unidas.
Tercero, se podría empezar a determinar responsabilidades por los fallecidos, empezando por casos en los que prácticamente no se admite duda alguna de los excesos realizados por las fuerzas del orden. Casos como la del asesinato del médico internista Marco Antonio Samillan Sanga quien fue alcanzado por una bala cuando asistía a un herido en Juliaca, Puno o el caso de Edgar Wilfredo Prado Arango quien de rodillas estuvo auxiliando a una persona caída y murió de un balazo por militares en Ayacucho y, seguramente, podrían incluirse otros casos más donde se manifiesta el uso desmedido de la fuerza. Identificar y separar, por lo menos, a los mandos de esos operativos y quienes fueron parte de esas patrullas o quienes resulten como responsables, sería una clara señal en favor de las investigaciones que no admiten espera ni contemplaciones. Recordemos que la palabra investigación en el imaginario peruano se asocia a impunidad, tal como ha sucedido con el caso de Inti y Brayan, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego en Lima, el 14 de noviembre del 2020, durante las protestas que llevaron a la renuncia del entonces presidente Merino. Pese a las evidencias, después de más de dos años no tienen resultado judicial alguno.
Cuarto, asegurar la mejor atención médica y psicológica a los más de 600 civiles y casi 300 policías heridos durante las protestas. Las reparaciones económicas que se han ofrecido por el Gobierno para aquellos que murieron son importantes pero insuficientes. Ante todo, se debe asegurar justicia, lo que implica individualizar responsabilidades y aplicar sanciones. Recordemos que no hay paz sin justicia. Además, deberían producirse aprendizajes por parte de las instituciones para que este tipo de resultados no sucedan jamás en nuestro país.
Quinto, construir una infraestructura de diálogo, no solo me refiero al diálogo político con las bancadas del Congreso, que probablemente se encuentra estancado el día de hoy, sino a aquel que se implementa con múltiples actores (Estado, sociedad civil, academia, empresas, etc.) en diferentes niveles (local, regional, nacional), sobre diferentes temáticas y con distintos horizontes temporales (de corto, mediano y largo plazo). No bastan las mesas o espacios de diálogo existentes. Tenemos que revalorar el diálogo democrático, como el mecanismo fundamental para hacer política y construir la paz en nuestro país. Para ello el Perú cuenta con organizaciones nacionales e internacionales y un capital humano especializados en el tema de diálogo, prevención y gestión de conflictos. Gremios y organizaciones de sociedad civil vienen proponiéndolo y muestran su interés en ser parte de estos procesos. Si esta gestión no es posible desde el Ejecutivo, siguiendo precedentes anteriores, se podría convocar a la Iglesia Católica y/o alguna organización internacional de prestigio para que intervenga a modo de tercero, mediador o facilitador, para impulsar esta iniciativa.
Sexto, mejorar la comunicación del gobierno. Para ello le sugeriría cuatro cosas: humildad, transparencia, prudencia y pedagogía. Humildad para la Presidenta, el Presidente del Consejo de Ministros y quienes sean voceros del gobierno. Que al comunicarse lo hagan mesuradamente, sin actitud de superioridad o triunfalismo alguno. Transparencia para comunicar los aciertos y desaciertos de la gestión de la crisis y afrontar sus consecuencias. Asegurarse que las explicaciones que se comuniquen no estén en condicional, sino que tenga sustento o evidencia sólida para evitar narrativas falsas o teorías conspirativas. Prudencia, porque cualquier término, alocución, lenguaje no verbal o gesto que realice innecesariamente será interpretado en su contra. Asociar indistintamente a los protestantes con delincuentes o, peor aun, con terroristas es una generalización que profundiza la indignación y exacerba los ánimos de quienes protestan. De otro lado, los coloca en situación de riesgo en tanto que los estigmatiza y deshumaniza justificando el uso abusivo de la fuerza por las fuerzas del orden. Y pedagogía, para explicar claramente lo que implica el complejo camino hacia las siguientes elecciones. Existe un cúmulo de desinformación que debería ser despejada en los medios de comunicación y una necesidad de informar sobre lo que se necesita para que las elecciones generales próximas sean óptimas, con una nueva y mejor oferta de actores políticos, lo cual implica cambios constitucionales y legales en la normativa referida al sistema político y de partidos.
Finalmente, que la presidenta Boluarte haga esfuerzos denodados para lograr un acuerdo político con el Congreso y realizar las elecciones generales en el 2023, sacrificándose probablemente la fase de las elecciones primarias de los candidatos de cada partido, y asegure un compromiso para la realización de reformas políticas y electorales necesarias de amplio consenso. De no llegar a un acuerdo con el Congreso siempre tendrá la opción de la renuncia dando cuenta sobre sus gestiones ante la opinión pública. Probablemente ya no exista oportunidad para mantenerse en el cargo, pero al menos dejará una muestra de un mínimo de superioridad moral ante los acontecimientos. Como se puede apreciar la Presidenta tiene mucho por hacer.
Ivan Ormachea Choque
Lima, 17 de enero de 2023.
*Las opiniones expresadas en el presente artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos.