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Comunicados

Inversión, Estado y conflictos

Nuestro país sigue acogiendo importantes inversiones en el campo de las industrias extractivas. Recientemente se han otorgado nuevas concesiones mineras, incluso en zonas donde existe una fuerte polarización entre los que están a favor o en contra de esta actividad. Dicha polarización obliga a las empresas a utilizar nuevas fórmulas para la generación de fondos para el desarrollo, e innovadores enfoques de relacionamiento con la población local.

Así, por ejemplo, en Las Bambas, Bayovar y recientemente en Michiquillay los inversionistas extranjeros han creado fideicomisos, que son fondos ad hoc, que se otorgan a las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero. Sin embargo, la ausencia del Estado en estos espacios genera una distorsión en el relacionamiento entre estas empresas y dichas comunidades.

Al ingresar a una zona, las empresas, ya sea por un enfoque progresista de responsabilidad social, o debido a la presión abierta o sutil que le hacen sentir las poblaciones locales, empiezan a desarrollar un conjunto de programas relacionados a proyectos productivos, generación de ingresos, saneamiento, medioambiente, trabajo eventual o rotativo, e involucrarse en la mejora de la salud, nutrición y educación de la población, entre otros temas.

El efecto no deseado es gradual pero inevitable: se produce un incremento desmedido de las expectativas de la población sobre la empresa, que sin quererlo se ha convertido en un sustituto de un Estado cuya presencia es débil o nula. Así, se llega a una situación que puede conducir a las poblaciones a exigir a la empresa cada vez más beneficios, y a los gobiernos locales, provinciales y regionales a mirar a los aportes empresariales como parte de su presupuesto.

Esta distorsión, presente en múltiples escenarios, puede convertirse en un elemento que juegue en contra la estabilidad del país, puesto que la llegada de empresas extractivas a dichas zonas aisladas y en situación de pobreza o extrema pobreza no es aprovechada por el Estado como una oportunidad para fortalecer su presencia y su rol como proveedor de servicios públicos esenciales y regulador de estas nuevas actividades, es decir, como promotor del desarrollo, frustrando finalmente las expectativas de la población y encendiendo la mecha del conflicto social.

Así como las empresas mineras responsables brindan sus aportes a través de fondos o programas de responsabilidad social, en algunos casos por varios millones de dólares, el Estado peruano debería autoimponerse, al otorgar las concesiones, un cronograma de compromisos de inversión en programas para fortalecer la presencia estatal en sus múltiples dimensiones e impulsar serias mejoras en salud, educación, infraestructura y lucha contra la pobreza en general.

Quizá la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) debería exigir una contrapartida estatal a los aportes de desarrollo cuando se otorguen concesiones a las empresas extractivas del gremio, de modo que esta quede taxativamente redactada como parte del documento de concesión.

El Estado debe comprender que este tipo de relacionamiento debe cambiar, y que, en este caso, no ser socialmente responsable, no cumplir su rol, equivale a atentar contra la estabilidad y el desarrollo del país.

 

 

Lima, 6 de agosto de 2007





Ivan Ormachea Choque

Director Ejecutivo

ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos

www.prodialogo.org

iormachea@prodialogo.org

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