25 de marzo de 2020

Las imágenes viralizadas en redes de un militar dando cachetadas, insultando y amenazando a un joven civil, reducido y detenido por irresponsablemente incumplir con el aislamiento social decretado en el marco del estado de emergencia, lamentablemente (aunque no sorpresivamente) han motivado la celebración y el apoyo de mucha gente.

Por supuesto que toda la ciudadanía tiene la obligación de acatar el estado de emergencia. Y tenemos el derecho a indignarnos con quienes no cumplen con su deber porque nos ponen en riesgo a todos. Especialmente a los más vulnerables en este caso. Y la fuerza pública tiene no solo la facultad sino el deber de hacer cumplir la ley. Pero las reacciones de justificación y celebración de este incidente no son otra cosa que la expresión de una cultura de la violencia en la que se confunde autoridad con el autoritarismo; el uso legítimo de la fuerza con agresión; el hacer respetar y cumplir las normas por el bien común con el goce por la agresión para hacer sentir el poder (“para que aprenda, pues”). Una sociedad de agredidos y humillados en situaciones de desventaja de poder que proyecta sus deseos de agresión y humillación en el ejercicio del poder.

Pulsiones antidemocráticas que se destapan y salen a la superficie, en un contexto de miedo e incertidumbre, para apoyar el abuso en el uso de la fuerza de un miembro en concreto de las FF. AA. Porque aquí no se ha cuestionado el rol de las FF. AA en el estado de emergencia. Es un rol constitucional y lo viene haciendo bien, en general. Se denuncia un exceso puntual y no una práctica sistemática o generalizada como en otras épocas, en las que institucionalmente los abusos fueron más allá de las cachetadas.

Los militares no tienen entrenamiento como la policía para lidiar en el uso de la fuerza con civiles. Se ven obligados a hacerlo por las circunstancias. Pero es inaceptable, además de ilegal y un deshonor para el uniforme, que un militar armado y entrenado para manejar el estrés en situaciones de guerra, habiendo ya usado legítimamente la fuerza, reducido y detenido a un civil, joven e irresponsable, tenga la necesidad de agredirlo, humillarlo y amenazarlo.

En el estado de emergencia están restringidos ciertos derechos, no la integridad de las personas. Tampoco es que se suspende el Estado de Derecho. La emergencia se da en el marco de éste, el cual establece que el uso de la fuerza debe seguir los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La cultura de paz solo puede florecer en un Estado democrático y constitucional de Derecho, que no es otra cosa que un sistema político regulado por un ordenamiento jurídico (tratados internacionales, Constitución, leyes, decretos supremos, etc.) para organizar, balancear y controlar el poder del Estado, buscando erradicar la arbitrariedad, de modo que éste pueda garantizar la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos; además, como condición necesaria –aunque no suficiente– para promover el bien común de la sociedad.

El Estado de Derecho no es una noción abstracta que invocándola traerá la paz y virtud de las personas. Es un proceso institucional republicano en permanente construcción. No algo acabado y definitivo. Se hace realidad en la práctica y se fortalece en el constante ejercicio de la ciudadanía. La cultura de la violencia no ha traído, ni traerá nada bueno al país. Cuidado con abrirle la puerta a la arbitrariedad y a la fuerza de la violencia para resolver conflictos, que la crisis es global y tiene para un buen tiempo más.