Con el propósito de aportar en la solución constructiva del conflicto en la provincia de Espinar, ante la preocupación por los recientes acontecimientos suscitados en los que se han producido enfrentamientos que han afectado la vida, la integridad, los derechos y los bienes de las personas e instituciones, manifestamos lo siguiente:
Rechazamos la violencia, sea esta consecuencia de acciones de protesta violenta o por el uso desmedido de la fuerza pública. Cualquier acción ciudadana o estatal, en el marco de un Estado Democrático de Derecho, debe darse buscando respetar y cuidar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Recordamos igualmente, como sucede con todos los conflictos sociales, que una intervención constructiva requiere previamente tener una comprensión integral sobre las múltiples raíces que dan origen al conflicto. Resulta inexacto y contraproducente, más bien, que conflictos de alta complejidad como los de Espinar sean explicados a través de una causa única o personalizándolo.
En este caso, la relación entre la minería y la provincia data de 1981, fecha en la que se iniciaron las actividades mineras a cargo del Estado. Esta relación fue caracterizada por el distanciamiento con la provincia, la desconfianza mutua y la afectación del territorio y derechos de las comunidades campesinas de la zona de influencia directa. El 21 de mayo de 1990, las instituciones provinciales realizaron una acción de fuerza sobre el campamento minero, situación que se constituyó en aquel momento en el episodio más intenso y emblemático de una larga relación conflictiva entre Espinar y la actividad minera. Este acontecimiento dio paso a una negociación en la que se obtienen por primera vez un paquete de beneficios para la provincia, razón por la cual la fecha es conmemorada como el “Día de la Dignidad Espinarense” convirtiéndose anualmente en el momento simbólico para evaluar el estado de la relación entre las partes.
Tuvieron que pasar más de 20 años para que la relación entre la Municipalidad Provincial y las organizaciones sociales de base de Espinar y la minería en la zona ― en su momento BHP Billiton y actualmente Xstrata Tintaya― se revierta gracias al Convenio Marco suscrito el 2003, que rige la relación provincial; y, en un ámbito más reducido, los acuerdos suscritos el 2004 entre la empresa BHP Billiton con las cinco comunidades campesinas del entorno próximo ―actualmente seis― a la mina de Tintaya.
Es en este contexto y patrón de interacción, y dado que las relaciones sociales son cambiantes y dinámicas por naturaleza, que debe entenderse que habrán permanentemente temas de tensión en estos dos ámbitos, en torno a asuntos vinculados con preocupaciones ambientales, expectativas por la obtención de mayores recursos económicos y forma de gestión de los mismos, entre otros. Razón por la cual es fundamental asumir consistentemente una práctica de diálogo sistemático, continuo y adecuadamente estructurado, orientado a profundizar los niveles de confianza, entendimiento y colaboración.
Corresponde a todos los actores involucrados, incluyendo a las autoridades nacionales y regionales, monitorear este escenario y anticiparse a acciones y reacciones que conduzcan a prevenir la violencia y transformar los conflictos que existan o puedan surgir, y evitar ingresar a una fase de enfrentamiento y crisis como ha ocurrido. En las circunstancias actuales los esfuerzos debieran estar dirigidos a aprovechar este momento difícil como una oportunidad de mejorar las cosas de manera duradera.
Por tanto, con el ánimo de revertir esta situación exhortamos a los diferentes actores involucrados a que se comprometan ahora y a futuro a resolver sus diferencias a través del diálogo genuino, libre de juegos de poder, como el instrumento fundamental para propiciar el acercamiento, el entendimiento y el reconocimiento de las discrepancias entre las personas e instituciones dentro del marco de la preservación del sistema democrático y la gobernabilidad del país.
Lima, mayo de 2012.