El caso Tía María es casi la cronología de una crisis anunciada. El país vuelve a presenciar, otra vez, escenas que parecen provenir de una vieja y repetida pesadilla. Se veía venir -la Defensoría del Pueblo hace meses lo venía reportando-, casi como dos trenes en curso de colisión que en lugar de disminuir la velocidad aceleran el paso tercamente convencidos que eso es lo mejor. Las lecciones aprendidas en Majaz, Tambogrande, Bagua, Egasa, y otros tantos casos, parecen no haberse capitalizado.
Desde hace tiempo se han venido cruzando umbrales, y esto ha quebrado la escasa confianza existente al inicio del proceso de aprobación del proyecto. No se pudo desarrollar un proceso de diálogo que todas las partes sintieran como genuino. Como consecuencia, el conflicto ha cobrado una dinámica de rápido escalamiento hasta entrar en una fase de crisis, que hasta ayer daba todas las señales de estar a unos pasos de entrar en un espiral de violencia abierta.
Esperemos que Tía María no se convierta en un nuevo “Baguazo” o “Arequipazo”, sobre todo por los costos de vidas humanas que ello podría significar. Lamentablemente vemos muchos elementos que convierten este caso en un cocktail para “la tormenta perfecta”, si es que no se dan respuestas adecuadas:
• Magnitud del proyecto (inversión y población del entorno)
• Visiones de desarrollo desencontradas y percibidas como incompatibles.
• Desconfianzas profundas que alimentan una polarización creciente que se expresa en un atrincheramiento de posiciones: expreso rechazo al proyecto minero en consulta pública vs. insistencia de empresa en continuar con la aprobación del EIA en un escenario social sensible, pretendiendo que lo legal-formal sea suficiente para darle viabilidad al proyecto.
• Contexto de relativa simetría de fuerzas: económica-politica nacional vs social-politica local.
• Empresa con antecedentes que no están asociados a prácticas de responsabilidad social y ambiental, que representa en el imaginario social el abuso del gran capital frente a los derechos de las personas.
• Carácter simbólico de la lucha por ser el tema del agua el eje de la preocupación, así como el “orgullo arequipeño” de por medio como eventual factor de identidad en el conflicto.
• Comunicación deficiente y poco constructiva, asi como casi nulo diálogo entre los actores primarios del conflicto (empresa y comunidades). Más aun, hay un descrédito del diálogo.
• Autoridades regionales y locales que a lo largo del proceso se venieron asumiendo en la práctica como “atadas de manos” frente a la presión social, y actuando de manera ambivalente al adoptar posturas que parecieran estar condicionadas al corto plazo político.
• Antecedentes históricos como los del “Arequipazo”, donde la confrontación produjo resultados reinvindicativos.
• Contexto pre-electoral que se configura como una estructura de oportunidad para la articulación de movimientos sociales y políticos en un clima de radicalización.
Las respuestas a la actual crisis en medio de este contexto complejo, parecieran haber estado más orientadas a precipitar la colisión de los trenes que a su desaceleración y recanalización. La Defensoría y el Gobierno Regional aparecían en los últimos días como los únicos esmerados, con muchas dificultades, en promover el diálogo. El Gobierno parecía estar a punto de declarar el estado de emergencia. Para ello, se estaría preparando el terreno al lanzar mensajes mediáticos poco conciliatorios, con estribillos ya escuchados anteriormente que difícilmente tiendan puentes de solución: el conflicto es un problema de cuatro dirigentes que están en contra del desarrollo y que manipulan a una población poco informada. Este tipo de lenguaje peligrosamente crea las condiciones políticas para la utilización de medidas de fuerza.
La empresa, por su lado, actúa como si no fuera el actor principal en esta situación. No aparece visible en la crisis, cuando en teoría debiera ser la principal interesada en promover un diálogo amplio y genuino. La sensación que deja flotando en el ambiente es que quieren sacar el proyecto a como de lugar, independientemente de los costos sociales. Por supuesto que en este espiral de polarización los sectores sociales y algunos dirigentes en particular, con el bloqueo de carretera y sus posiciones maximalistas, aportan su cuota para crear las condiciones de confrontación con mayores grados de violencia.
Si queremos evitar más violencia, debemos respaldar esfuerzos que promuevan el diálogo genuino, amplio, integral y sostenido. Felizmente se ha abierto una nueva ventana de oportunidad en las últimas horas con la aceptación de la PCM de instalar una mesa de diálogo. En ProDiálogo creemos que en estos momentos, el gran reto no es crear nuevas propuestas sobre la gestión del agua, para ver si el proyecto minero es o no técnicamente viable. Restringir los esfuerzos a ese tema sería un grave error. La energía debe enfocarse en acercar a las partes, en crear un clima adecuado para desescalar el conflicto, y en llevarlo por cauces democráticos, pacíficos e institucionales con un horizonte de mediano y largo plazo. Esto resulta indispensable, en la medida en que, hoy por hoy, la profunda desconfianza entre las partes y la forma como se ha venido llevando el proceso para la aprobación formal del proyecto, resulta el tema más crítico. En otras palabras, ya no son los temas sustantivos, sino los relacionales y procesales, los que hay que abordar con urgencia para evitar que esta situación siga escalando con consecuencias imprevisibles.
Javier Caravedo
Director Ejecutivo
ProDiálogo